Responsables de sangre derramada en Bagua

Producidos los mortíferos acontecimientos de Bagua, en los que perdieron la vida policías e indígenas, se nota claramente la intención del gobierno de desviar la atención del caso mediante anuncios y conductas que se prestan a toda clase de sospecha.

Por ejemplo, voceros del gobierno piden a gritos la detención del dirigente indígena Alberto Pizango y se secuestra en los hospitales de la zona a los indígenas allí atendidos. Si hay muertes, mucha gente tiene que responder, no sólo los aborígenes y población de Bagua que defendían su tierra y sus derechos. Otra cortina de humo es culpar a los integrantes del Partido Nacionalista Peruano (PNP), acusándolos de agitadores.

Pero la determinación de responsabilidades políticas debe servir también para identificar a personas que tienen responsabilidad penal directa y que podrían pasar inadvertidos, quedarían “pasando piola”, como se dice.

En el caso de los policías, han sufrido bajas y también han matado; pero esos policías no fueron a Bagua por su propia voluntad. Llegaron a ese lugar en cumplimiento de órdenes emanadas desde el más alto nivel. Aquí encontramos la primera responsabilidad política, en la persona de la señora Mercedes Cabanillas, ministra del Interior; pero su responsabilidad política no es porque la policía haya actuado bien o mal, porque hubo muertos o no. Su responsabilidad surge de su condición de integrante del gabinete ministerial (poder ejecutivo); como ministra no se opuso en su momento al decreto 1090 y otros atentatorios contra la población selvática.

Al contribuir como miembro del gabinete a que tengan luz verde esos mortíferos y nefastos decretos, ya estaba preparada la trampa mortal de Bagua, para policías y para indígenas. Pudieron morir más, o menos, de todas maneras el caso iba a terminar mal. Y la señora Cabanillas no lo previó (en cuyo caso es incapaz) o lo previó y siguió adelante, sabiendo que iba a haber muertes.

En cuanto al Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, la situación es similar a la de Mercedes Cabanillas: ¿qué hizo para frenar los mencionados decretos que preparó el poder ejecutivo en ejercicio de atribuciones otorgadas por el Congreso?, ¿se conoce que haya manifestado su oposición a dichos dispositivos legales? Que sepamos, no. Entonces, igual que la señora Cabanillas, tiene complicidad y responsabilidad.


Los familiares de los policías y aborígenes fallecidos ya saben a quiénes tienen que denunciar.

La prensa corrupta y aceitada también es responsable. En vez de ayudar a que la población y políticos terminen de entender que esta legislación era —por la previsible resistencia de los afectados— peligrosa para la vida y la seguridad pública y también para el medio ambiente, se dedicó a hablar de “imperio de la ley”, “vigencia del estado de derecho”, “agitadores”, “mantenimiento del orden público”, etc., lo cual demuestra que no cumplen una función social de crítica y vigilancia; son altoparlantes que funcionan automáticamente repitiendo lo que el gobierno desee. Son cómplices del faenón encaminado a entregar la selva a empresas destructoras del ecosistema.

Parte de esta problemática se explica por la generalizada creencia de que por haber ganado elecciones un partido político puede hacer lo que le dé la gana sin rendir cuentas a nadie. La mayoría de políticos piensa que cuando obtiene un mandato popular puede hacer lo que se le antoje. Y esto empeora cuando esta gente que nos gobierna no tiene principios: decretos o leyes perniciosos para la gente y la naturaleza como el 1090 no deberían llegar a la fase de proyecto de ley si se trata del Congreso; o deberían ser rechazados de inmediato por el Congreso, si vienen como malhadada creación del poder ejecutivo.