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Si el gobierno no deroga los “decretos de la muerte” hasta la Jornada Nacional de Lucha del día 11.

Paro nacional

Para frenar la violencia en la Amazonía, los principales gremios y partidos políticos fundaron ayer el Frente de Defensa de la Vida y la Soberanía Nacional, el cual advirtió que convocará a un paro nacional, si hasta el 11 de junio, día de la jornada de apoyo a los amazónicos, siguen vigentes los decretos legislativos rechazados por los indígenas amazónicos y conocidos desde el viernes último como los “decretos de la muerte”, y si estuviera en pie la orden de detención del líder amazónico Alberto Pizango.

Mario Huamán, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y vocero del frente, sostuvo que el gabinete ministerial debe renunciar porque está deslegitimado por tener “las manos manchadas de sangre”.

Denunció que, a pesar de lo ocurrido, el gobierno sigue echando más leña al fuego, pues prosigue la escalada violentista, a cargo del presidente, el premier Yehude Simon, y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.

Dijo que Alberto Pizango no es responsable de las muertes y heridos en Bagua, como pretende el gobierno. El principal responsable, sostuvo Huamán, es el gobierno, el gabinete ministerial, el Congreso y la cúpula del Ejecutivo. “En este gobierno nada pasa sin el aval del presidente Alan García, quien es el principal culpable de la matanza ocurrida”, sostuvo.

A su vez, Miguel Palacín, representante de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y portavoz alterno del flamante frente, dijo que el gabinete no debe continuar en funciones, pues es un gabinete que miente, engaña a la población, persigue y criminaliza a quienes expresan ideas distintas a las del gobierno.

Señaló que el Ejecutivo ha desoído permanentemente a la población de la selva, que tiene una cultura y una visión propia de lo que debe ser el desarrollo amazónico, y ha optado más bien por la represión. “Ha enfrentado a los policías, que son hermanos nuestros, contra la población. Indios contra indios, como en el pasado” sostuvo Palacín.

 

Ministra empeñada en detener a Pizango

El líder amazónico Albero Pizango parece haberse convertido en una obsesión para la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien ayer emplazó al dirigente a entregarse, tras fracasar en el afán de apresarlo, luego de obtener una orden de detención mediante presiones del gobierno sobre el Poder Judicial, denunciadas por el propio presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein.

Cabanillas dijo tener información de inteligencia según la cual Pizango fugó a Bolivia, lo que fue desmentido por el abogado del dirigente selvático, que aseguró que su cliente se encuentra en el Perú y realiza coordinaciones con líderes indígenas.

La orden de detención del líder amazónico Alberto Pizango fue dictada ayer tras presiones del gobierno sobre una jueza, en un operativo de madrugada en el que están involucrados una ministra y un viceministro. Las presiones, ejercidas en público por Cabanillas, indignaron a Villa Stein, quien las rechazó tajantemente, sobre todo porque la ministra dijo sospechar que Pizango tiene gran influencia en el Poder Judicial.

El presidente del Poder Judicial denunció que los referidos funcionarios influyeron sobre la jueza Norma Carbajal, titular del 51 Juzgado Penal, para que esta firme, a las dos de la madrugada, el documento que daba luz verde a la policía para apresar a Pizango, lo que era imposible hasta anoche, pese a que Cabanillas había afirmado que tenía bajo vigilancia al dirigente, a la espera de la orden judicial.

Sin mencionar nombres, Villa Stein señaló que “no nos pueden estar llamando para decirnos: metan preso al ciudadano. Yo he conversado con la jueza, legitimado por mi cargo y no como la ministra y el viceministro que han presionado toda la noche”.

Indicó que la Oficina de Control de la Magistratura iniciará una investigación para esclarecer en qué circunstancias la jueza emitió la orden de detener a Pizango, puesto que la investigación fiscal del caso fue tan rápida que duró tan sólo 70 minutos e incluso fue rechazada alrededor de la medianoche por Carbajal, pues el expediente estaba mal elaborado, carecía de pruebas para atribuir a Pizango la responsabilidad por la muerte de nativos y policías, y no cumplía los requisitos mínimos para un debido proceso.

Por la tarde, Cabanillas indicó que, según informaciones de inteligencia policial, Pizango habría fugado por tierra a Bolivia, donde estaría buscando asilo. Incluso Cabanillas dijo que tiene en su poder fotografías que comprueban la huida de Pizango, a quien llamó cobarde y le exigió ponerse a derecho. Sin embargo, esta versión fue desmentida por el abogado de Pizango, Antonio Salazar, quien precisó a LA PRIMERA que su defendido está en Lima y le ha expresado que no buscará asilo en el exterior, pese a tener dos ofrecimientos para asilarse. Por el contrario, es más probable que Pizango viaje a alguna zona de la selva, desde donde continuará dirigiendo las protestas amazónicas, indicó.

El vocero del gobierno boliviano, Iván Canelas, sostuvo que las autoridades bolivianas desconocen si Alberto Pizango ingresó a ese país. “No sabemos nada del probable ingreso a Bolivia del señor Alberto Pizango”, aseguró.

Marcelo Puelles
Redacción



esto es sus actos de este presidente

dolor muerte y hambre en la selva
Responsables de sangre derramada en Bagua

Producidos los mortíferos acontecimientos de Bagua, en los que perdieron la vida policías e indígenas, se nota claramente la intención del gobierno de desviar la atención del caso mediante anuncios y conductas que se prestan a toda clase de sospecha.

 

Por ejemplo, voceros del gobierno piden a gritos la detención del dirigente indígena Alberto Pizango y se secuestra en los hospitales de la zona a los indígenas allí atendidos. Si hay muertes, mucha gente tiene que responder, no sólo los aborígenes y población de Bagua que defendían su tierra y sus derechos. Otra cortina de humo es culpar a los integrantes del Partido Nacionalista Peruano (PNP), acusándolos de agitadores.

Pero la determinación de responsabilidades políticas debe servir también para identificar a personas que tienen responsabilidad penal directa y que podrían pasar inadvertidos, quedarían “pasando piola”, como se dice.

En el caso de los policías, han sufrido bajas y también han matado; pero esos policías no fueron a Bagua por su propia voluntad. Llegaron a ese lugar en cumplimiento de órdenes emanadas desde el más alto nivel. Aquí encontramos la primera responsabilidad política, en la persona de la señora Mercedes Cabanillas, ministra del Interior; pero su responsabilidad política no es porque la policía haya actuado bien o mal, porque hubo muertos o no. Su responsabilidad surge de su condición de integrante del gabinete ministerial (poder ejecutivo); como ministra no se opuso en su momento al decreto 1090 y otros atentatorios contra la población selvática.

Al contribuir como miembro del gabinete a que tengan luz verde esos mortíferos y nefastos decretos, ya estaba preparada la trampa mortal de Bagua, para policías y para indígenas. Pudieron morir más, o menos, de todas maneras el caso iba a terminar mal. Y la señora Cabanillas no lo previó (en cuyo caso es incapaz) o lo previó y siguió adelante, sabiendo que iba a haber muertes.

En cuanto al Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, la situación es similar a la de Mercedes Cabanillas: ¿qué hizo para frenar los mencionados decretos que preparó el poder ejecutivo en ejercicio de atribuciones otorgadas por el Congreso?, ¿se conoce que haya manifestado su oposición a dichos dispositivos legales? Que sepamos, no. Entonces, igual que la señora Cabanillas, tiene complicidad y responsabilidad.

Y otros que tienen gravísima responsabilidad son los congresistas que apoyaron la legislación contraria a los intereses de los aborígenes. El Congreso es el poder del estado que tiene la función de legislar y también la de fiscalizar. Si el presidente de la República o el Consejo de Ministros salen con cualquier medida disparatada, el contrapeso es el Congreso; pero eso no ha ocurrido en este caso. Muy por el contrario: a mitad de semana maniobraron para “madrugar” a la oposición y evitar que esta legislación fuera revisada por el pleno del Congreso. En este sentido, el PNP y los parlamentarios de otras agrupaciones que se opusieron claramente han salvado su responsabilidad rechazando reiteradamente el decreto 1090 y otros, porque nada bueno podía esperarse de medidas arbitrarias ejecutadas sin consulta a las comunidades nativas, como dispone la legislación peruana e internacional.

Los familiares de los policías y aborígenes fallecidos ya saben a quiénes tienen que denunciar.

La prensa corrupta y aceitada también es responsable. En vez de ayudar a que la población y políticos terminen de entender que esta legislación era —por la previsible resistencia de los afectados— peligrosa para la vida y la seguridad pública y también para el medio ambiente, se dedicó a hablar de “imperio de la ley”, “vigencia del estado de derecho”, “agitadores”, “mantenimiento del orden público”, etc., lo cual demuestra que no cumplen una función social de crítica y vigilancia; son altoparlantes que funcionan automáticamente repitiendo lo que el gobierno desee. Son cómplices del faenón encaminado a entregar la selva a empresas destructoras del ecosistema.

Parte de esta problemática se explica por la generalizada creencia de que por haber ganado elecciones un partido político puede hacer lo que le dé la gana sin rendir cuentas a nadie. La mayoría de políticos piensa que cuando obtiene un mandato popular puede hacer lo que se le antoje. Y esto empeora cuando esta gente que nos gobierna no tiene principios: decretos o leyes perniciosos para la gente y la naturaleza como el 1090 no deberían llegar a la fase de proyecto de ley si se trata del Congreso; o deberían ser rechazados de inmediato por el Congreso, si vienen como malhadada creación del poder ejecutivo.

ver video de dolor 
DESALOJO Y ENFRENTAMIENTO EN BAGUA PARTE 2
http://www.youtube.com/watch?v=aBv9FnGiWM8&feature=channel_page




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